Conflicto sobre desmontes a la vera de la Ruta 86, provincia de Salta

Abajo reproducimos tres articulos del Nuevo Diario de Salta sobre los desmontes que sufren las comunidades wichís que viven a la vera de la ruta 86, en el Norte de la provincia de Salta, Argentina.

23 de noviembre 2008

Por los desmontes, denuncian al Gobierno por intento de genocidio

Autoridades de tres comunidades indígenas del departamento San Martín denunciaron al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia por "genocidio en grado de tentativa" por la continuidad de los desmontes "masivos avalados" por este Ministerio, que ponen en peligro la subsistencia de los habitantes originarios.

La denuncia se presentó el pasado 20 de este mes en la Comisaría 42 de Tartagal y lleva la firma de Juan Vega, Eduardo Rivero, José Rivero, Roque Miranda y Florentino Pérez, en representación de las Comunidades Wichi de Sopfwayuk (Kilómetro 14), Chowayuk (Kilómetro 12) y Hoktek T`oi (Kilómetro 18), asentadas a la vera de la ruta nacional 86, en la jurisdicción de la ciudad de Tartagal. "Nuestro territorio tradicional sobre la banda occidental de la cuenca del río Itiyuro se encuentra sujeto a un programa de desmonte masivo llevado a cabo por terceros avalados por el Ministerio de Ambiente de Salta", sostiene la denuncia en la que se detalla que actualmente "se están realizando nuevas actividades de desmonte en el seno de nuestro hábitat ancestral, sobre una superficie que calculamos en 10.000 hectáreas.

El área afectada abarca las tierras comprendidas entre el paraje Alcoba y la Comunidad Wichi de Tonono, sobre el eje de la ruta 86", en las matrículas 17214, 28438, 28984, 28985 y 1897. Las autoridades recordaron que desde 2004 vienen de-nunciando la deforestación que pretenden realizar en estas matrículas, "a la vez que hemos impugnado en la ex Secretaría de Medio Am-biente y Desarrollo Sustentable de Salta los trámites administrativos correspondientes a los pedidos de permiso de desmonte". Los indígenas, que ratificaron su "rotundo rechazo de las pretensiones de quienes quieren liquidar el bosque nativo que constituye nuestro modo de vida y la base de nuestra identidad cultural", acusaron al gobierno provincial de haber desoído "fríamente" su voz, "en abierta violación a nuestros derechos constitucionales y legales". "Las autoridades ambientales tienen pleno conocimiento de nuestra legítima oposición a la destrucción del medio ambiente que nos sostiene -y que ancestralmente y por derecho nos pertenece- como también del impacto negativo que los desmontes tienen para nuestra existencia física y cultural. Aún así dichas autoridades ambientales han autorizado -ilegalmente- todo aquello que atenta la contra sostenibilidad del medio ambiente y de supervivencia de quienes lo habitamos, incurriendo así en el delito de genocidio en grado de tentativa", afirmaron. La presentación se funda en la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

26 de noviembre 2008

Wichis comenzaron a detener desmontes por sus propios medios

"En ese momento Eduardo Rivero y Juan Vega son los que encabezan esto y nosotros ya dimos la palabra de que vamos a acompañar a estos hermanos que van a parar las máquinas porque lo hay que hacer es hacer es eso". Florentino Pérez, de la Comunidad Lapacho Mocho (Kilómetro 18), anunció ayer con estas palabras la decisión de las comunidades wichi ubicadas a la vera de la ruta nacional 86, al este de Tartagal, de parar los desmontes por sus propios medios.

El enojo de los wichi se debe al recrudecimiento de desmontes en un área que comprende unas 10 mil hectáreas, desde el paraje Alcoba hasta la Comunidad Tonono, sobre la ruta 86. "Esto demuestra una vez más que no somos escuchados y que el gobierno provincial sigue violando todos los derechos constitucionales y legales que los papeles dicen que tenemos pero hasta hoy nadie respeta", afirmaron representantes de las Comunidades de la cuenca del río Itiyuro en una nota enviada el 23 de este mes a organismos nacionales y provinciales. "Ya se hicieron las denuncias", afirmó Pérez al responder sobre los motivos para la determinación de parar la tala. Vega y Rivero, quienes el 20 de este mes denunciaron al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable por tentativa de genocidio, por la continuidad de los desmontes, hicieron punta ayer: pararon dos topadoras de la empresa Desde el Sur, a la altura del kilómetro 15 de la ruta 86. En la nota del 23 de este mes las Comunidades informaron a los funcionarios provinciales y nacionales de lo que consideran "una grave violación a nuestros derechos indígenas" y les solicitaron "su intervención de manera urgente para que detengan las topadoras que están arrasando nuestro territorio, nuestro último monte". En algunos lugares los desmontes se iniciaron hace aproximadamente un mes y en otros recrudecieron en estos días. "Al momento de esta denuncia más de ocho topadoras ya han volteado gran parte del monte, sobre todo lugares de algarrobales, de chaguar y de caza de animales. Las topadoras están sobre tierras que utilizan las comunidades para recoger nuestra alimentación", reseñaron. En la denuncia se recuerda además que desde 2004 vienen denunciando los desmontes en la zona, y hasta impugnaron algunas autorizaciones otorgadas por la anterior gestión de gobierno y que luego fueron convalidadas por la actual gestión.

28 de noviembre 2008

Desmontes: Nasser propone un plan de contención para aborígenes

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser, sostuvo ayer que el gobierno provincial debe "organizar un plan de contención importante" para atender las necesidades de las comunidades aborígenes cuya subsistencia está en peligro por la continuidad de los desmontes. Nasser fue consultado por FM Ya, la radio de Nuevo Diario, sobre la denuncia por tentativa de genocidio presentada por Comunidades del Pueblo Wichi ubicadas sobre la ruta nacional 86, en la cuenca del río Itiyuro, que están quedando sin lugares donde practicar la caza y recolectar los frutos y plantas medicinales y que desde la semana pasada vienen denunciando el recrudecimiento de los desmontes.

El ministro dijo que envío una comisión, presuntamente partió ayer, "para controlar y monitorear esta habilitación que entiendo fue hecha en tiempo y forma, que ha generado derechos adquiridos a los propietarios".

Dijo que de acuerdo al resultado de este relevamiento y control tomará "las decisiones que correspondan".

"Lo que tiene que prevalecer es el orden democrático y formas responsables de hacer las cosas", respondió Nasser cuando se le planteó que al hablar de derechos adquiridos de los poseedores de los títulos daba la impresión de estar haciendo prevalecer estos títulos por encima de las disposiciones de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, que reconocen los derechos ancestrales.

"Lo que tenemos que hacer precisamente es buscar una solución integral para todo este procedimiento. (...) No se está desconociendo absolutamente la necesidad que tienen las comunidades y pueblos originarios", añadió.

-¿Los derechos ancestrales de los aborígenes son abstractos o están en una ley vigente? -se le insistió.

-Es una ley pero también están los derechos que el gobierno provincial otorgó a los propietarios de tierras privadas y que el gobierno provincial tiene que controlar desde el punto de vista del monitoreo el ejercicio de las normas ambientales -ratificó.

Cuando se le inquirió sobre la solución que su Ministerio ofrece a las Comunidades, como las del departamento San Martín, afectadas por los desmontes, Nasser sostuvo que se debe avanzar con el relevamiento de la propiedad comunitaria indígena (previsto en la ley 26.160) y realizar un trabajo integrado del Ministerio a su cargo con las carteras de Desarrollo Humano y de Justicia "básicamente" para ofrecer un plan de contención social. "Vincular -dijo- lo social con lo ambiental".

"Hay que darles contención en el sentido del acompañamiento, la localización de las comunidades y garantizarles a través de los corredores biológicos y ecológicos la posibilidad de tener la práctica de caza y recolección que sostienen estas comunidades y acompañarlos desde el gobierno como por ejemplo a través del suministro de agua potable y otras situaciones que son condiciones mínimas de vida", agregó.

Las comunidades plantean que antes de ordenar los bosques debió regularizarse la tenencia de la tierra. La ley 26.160 tiene vigencia desde hace dos años y aún no se inició el relevamiento previsto.